El Gobierno nacional avanzó en las últimas semanas en la discusión y aprobación del Presupuesto 2026, presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso con un enfoque centrado en el equilibrio fiscal, el control del gasto y la consolidación del denominado “déficit cero”. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto pasó al Senado para su dictamen y eventual sanción como ley a fin de año. En este proceso, uno de los cambios más destacados fue la eliminación del capítulo XI, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, iniciativa rechazada por los diputados y que finalmente no formará parte del texto que se buscará convertir en ley.
La discusión parlamentaria marcó un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, especialmente en torno a cómo se distribuyen los recursos en áreas claves como educación, ciencia y desarrollo tecnológico. El artículo 30 del proyecto fue objeto de críticas por sectores del peronismo y organizaciones vinculadas a la educación técnica y profesional, que advirtieron que su redacción podría implicar recortes significativos en la inversión educativa. En respuesta, el Gobierno descartó introducir modificaciones en el capítulo educativo y aseguró que cuenta con el respaldo de gobernadores aliados para que la ley sea aprobada sin cambios sustanciales en ese aspecto.
Otra de las modificaciones vinculadas al Presupuesto 2026 se relaciona con la distribución de partidas en el Poder Legislativo: la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, denunció públicamente que el Ejecutivo no actualizó los fondos destinados a esa Cámara pese a la inflación acumulada, situación que generó malestar en el entorno de la Cámara alta y fue interpretada como un ajuste indirecto a su funcionamiento. Villarruel advirtió que esta falta de actualización generará tensiones si no se corrige por decisión administrativa antes de la discusión en el recinto.
En lo económico, el proyecto presupuestario sigue alineado con las metas fiscales del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyen un marco de evaluación de riesgos fiscales y una disciplina para alcanzar un superávit primario creciente. Según analistas, la eliminación de capítulos como el que proponía derogar leyes sociales obliga al Ejecutivo a reordenar partidas en otras áreas para mantener este equilibrio sin recurrir al veto presidencial si el Senado aprueba el texto tal como está. El futuro del presupuesto, por tanto, dependerá de las negociaciones políticas que se desarrollen en la Cámara alta y de cómo se resuelvan las controversias restantes antes de su sanción definitiva.
