A pocas jornadas del inicio de las vacaciones de invierno, el Gobierno nacional intervino en el conflicto entre los controladores aéreos y las autoridades aeronáuticas dictando la conciliación obligatoria. La medida, anunciada por la Secretaría de Trabajo, comenzó a regir desde la medianoche del 11 de julio y se extenderá por 15 días. Durante ese lapso, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto, por lo que la actividad aérea quedaría garantizada.
El conflicto entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lleva meses sin resolverse. El gremio reclama un aumento salarial del 45 %, la reincorporación de direcciones operativas y el fin del “vaciamiento estructural” que denuncian por parte del Estado. Según señalaron, llevan diez meses con los sueldos congelados y sin respuestas concretas de los organismos involucrados.
ATEPSA había informado un cronograma de medidas de fuerza que iba a desarrollarse durante julio, en fechas clave del receso escolar, lo que hubiera afectado el normal funcionamiento de vuelos comerciales en todo el país. No obstante, habían aclarado que quedarían exceptuadas las operaciones de emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
El Gobierno intimó tanto al gremio como a la EANA a dejar sin efecto las medidas y a retrotraer los despidos mientras dure el procedimiento conciliatorio. En su resolución, remarcó que las medidas gremiales ponían en riesgo los servicios esenciales, principalmente los vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, y subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los mismos, sin desatender los derechos laborales ni los canales de diálogo institucional.
