El proyecto de Inocencia Fiscal, que busca reformar el régimen sancionatorio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), contempla un incremento abrupto en las multas por incumplimientos formales de obligaciones tributarias que han quedado desactualizadas por la inflación. Actualmente, multas por no presentar declaraciones juradas en tiempo y forma eran de apenas $200 para personas humanas y $400 para sociedades, montos que pasarían a $220.000 y $440.000 respectivamente, lo que representa un salto de más de 100.000% en el valor de las sanciones básicas.
La propuesta, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se apresta a ser tratada en el Senado junto con el Presupuesto 2026, busca actualizar de manera integral las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, poniendo fin a una práctica en la que las multas quedaban licuadas por la inflación y perdían capacidad disuasiva. Además de las infracciones formales, el proyecto contempla sanciones mucho más elevadas para regímenes informativos y obligaciones complejas, ampliando el impacto para pequeñas y medianas empresas, monotributistas y grandes contribuyentes.
Ante las críticas de sectores productivos y profesionales tributarios sobre el potencial efecto “devastador” de estas sanciones para contribuyentes que cometen retrasos administrativos menores, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que ARCA enviará recordatorios de entre 10 y 15 días hábiles antes de intimar y aplicar la multa, y que se ponderará la cantidad de días de demora para graduar las sanciones según los casos. Caputo también sugirió la posibilidad de reducir las multas si se pagan en plazos más cortos, buscando evitar una aplicación automática y rígida de los montos máximos propuestos.
Expertos advierten que, si bien la actualización busca restablecer la eficacia del sistema sancionatorio y fomentar el cumplimiento fiscal, el impacto dependerá de cómo ARCA reglamente y aplique estos cambios en la práctica. Para muchos contribuyentes, especialmente pymes con recursos limitados, los nuevos valores implican un desafío sustancial que requerirá mayor atención a los plazos y obligaciones fiscales para evitar sanciones que antes eran prácticamente simbólicas.
