La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York confirmó la orden de entregar el 51 % de las acciones de YPF como forma de pago parcial de una indemnización de USD 16 100 millones dictada en 2023, debido a la expropiación de la petrolera en 2012 sin compensar adecuadamente a los accionistas minoritarios. Si bien en un primer momento la jueza Loretta Preska había rechazado la suspensión solicitada por Argentina, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal del cumplimiento de la orden
El fallo original de Preska, emitido el 30 de junio, requería que las acciones fueran depositadas en BNY Mellon y entregadas a los fondos Petersen Energía, Eton Park y Bainbridge como parte del resarcimiento El siguiente paso judicial fijado por la Corte deja un plazo para que los fondos demandantes presenten oposición antes del 17 de julio y que Argentina conteste antes del 22 de julio, para luego pasar a ser analizado por un panel de tres jueces
El Gobierno de Javier Milei elevó inmediatamente una apelación y sostiene que la orden vulnera la soberanía nacional, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de EE.UU. y la legislación argentina, que establece que cualquier traspaso de acciones de YPF requiere aprobación legislativa por dos tercios del Congreso. Asimismo, advierten que una ejecución forzosa podría desestabilizar la economía, comprometer proyectos clave como Vaca Muerta y obstaculizar el acceso al financiamiento internacional
l conflicto generó un gran impacto político y mediático. Milei responsabilizó a Axel Kicillof por la expropiación del 2012 y calificó el fallo como “una extorsión judicial y financiera” En los mercados, las acciones de YPF habían registrado una caída tras el fallo de junio, aunque luego lograron recuperarse ante la suspensión temporal de la entrega. Mientras tanto, el Gobierno evalúa recurrir hasta la Corte Suprema de EE.UU. si fuera necesario para preservar el control estatal sobre la petrolera.
