La Justicia federal argentina intimó al Gobierno nacional a acreditar avances concretos en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de meses de demoras administrativas y reclamos de organizaciones y familias afectadas por la falta de ejecución de la norma. La medida fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay, del Juzgado de Campana, quien otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentar documentación respaldatoria sobre gestiones efectivas de implementación.
La resolución judicial fue emitida en el marco de un amparo colectivo iniciado por un padre en representación de sus hijos con discapacidad, al que se sumaron diversas asociaciones civiles y el Ministerio Público. El magistrado subrayó que no serán suficientes informes genéricos o proyectos sin sustento, y que el Estado deberá demostrar con constancias verificables los avances en los aranceles actualizados, mecanismos de pago y otros aspectos clave del operativo de la ley.
Además de exigir la presentación de pruebas en el corto plazo, la Justicia estableció que la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá estar en “plena ejecución” para el 4 de febrero de 2026, fecha límite fijada por el propio fallo. Esta exigencia se mantiene pese a que el Gobierno nacional presentó un recurso de apelación, que no suspende la obligación de cumplir con la normativa, según aclararon fuentes judiciales.
La ley, sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada tras el rechazo a un veto presidencial, obliga al Estado a garantizar financiamiento adecuado de pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia al colectivo afectado. Para los sectores que impulsaron el amparo, la intimación representa un paso decisivo para que la norma deje de ser una promesa y se traduzca en políticas públicas tangibles que impacten en la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad y sus familias.
