Un juez federal dictó una medida cautelar que impide al Gobierno dar de baja planes sociales a beneficiarios que participen en protestas o bloqueos de calles. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, a pedido de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y suspende parcialmente la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano. El magistrado argumentó que la norma vulnera el derecho a la defensa de los beneficiarios y podría generar un daño irreparable en su situación económica.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazaron la decisión judicial y anunciaron que presentarán una apelación en los próximos días. Según el Gobierno, la suspensión de la norma favorece las protestas ilegales y los bloqueos en la vía pública, impidiendo evitar extorsiones y abusos dentro de los programas sociales. Además, remarcaron que la medida no afecta otras condiciones de exclusión, como poseer bienes inmuebles o viajar al exterior sin justificación.
La resolución 84/2024 establecía las nuevas condiciones para los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, creados en reemplazo de Potenciar Trabajo. Entre sus causales de exclusión figuraba la participación en actos que interrumpieran la circulación o generaran disturbios. También contemplaba la exclusión de beneficiarios con antecedentes penales, propietarios de vehículos de alto valor o personas con ingresos superiores a los establecidos por el programa.
El juez Cormick argumentó que la norma presentaba “indicios de ilegitimidad” al no garantizar un procedimiento administrativo para que los beneficiarios pudieran defenderse antes de ser excluidos. También cuestionó la restricción basada en viajes al exterior, señalando que carecía de criterios claros. Por su parte, el Gobierno sostiene que la medida judicial representa una concesión a organizaciones sociales que, según denuncias, presionan a beneficiarios para participar en manifestaciones.
La controversia surge en un contexto de cambios en la política de asistencia social impulsados por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir la intermediación de organizaciones en la distribución de ayuda estatal. Mientras se espera la resolución de la apelación, el debate sigue abierto entre quienes defienden la libre protesta y aquellos que consideran que los planes sociales no deben ser utilizados como herramienta de presión política.
