La tensión crece en la ciudad jujeña de Humahuaca luego de un nuevo intento de desalojo denunciado por integrantes de la comunidad originaria de Santa Rosa. Según relataron los vecinos afectados, el operativo judicial y administrativo buscó avanzar sobre un terreno que la familia Soruco asegura ocupar desde hace al menos cinco generaciones. El procedimiento fue frenado tras la intervención de otras comunidades indígenas y organizaciones sociales que se acercaron al lugar para impedir el avance de la medida.
De acuerdo con la denuncia pública, el conflicto se originó por una presunta superposición de planos y escrituras aprobadas por la Dirección de Inmuebles sobre territorios considerados ancestrales por la comunidad. Yolanda Soruco sostuvo que incluso organismos provinciales habrían reconocido errores administrativos, aunque aseguró que la Justicia continúa impulsando el expediente de desalojo. Además, apuntó contra funcionarios municipales y provinciales por presuntas presiones para que la familia abandone el lugar.
La situación generó un fuerte malestar entre comunidades indígenas de la Quebrada de Humahuaca, que denunciaron un aumento de las intimaciones y amenazas de desocupación en distintos puntos de la región. Organizaciones territoriales sostienen que estos conflictos se repiten en zonas como Purmamarca y Tumbaya, donde familias aseguran contar con posesión histórica de las tierras y acusan al Estado provincial de desconocer derechos comunitarios reconocidos por la legislación nacional.
En medio del clima de tensión, las comunidades anunciaron jornadas de protesta y permanencias frente a la Casa de Gobierno de Jujuy para exigir la suspensión de los desalojos y el reconocimiento pleno de las personerías jurídicas indígenas. Mientras tanto, crece la preocupación por la posibilidad de nuevos operativos en la Quebrada, una región donde desde hace años persisten disputas territoriales vinculadas al avance inmobiliario y turístico.
