El nuevo aumento en la tarifa de energía eléctrica volvió a profundizar el malestar social en Jujuy, donde los usuarios aseguran pagar facturas más elevadas que en otras provincias pese a sufrir cortes frecuentes del servicio. Desde asociaciones de defensa del consumidor advierten que los incrementos autorizados a nivel nacional terminan siendo mayores en el ámbito provincial, en un contexto marcado por la falta de controles efectivos sobre la empresa distribuidora.
A la problemática del tarifazo se suma el deterioro del servicio eléctrico, con interrupciones reiteradas que afectan tanto a hogares como a comercios y sectores productivos. La empresa EJESA concentra la mayor parte de los reclamos, mientras crece la percepción de que el organismo regulador provincial no ejerce un control real ni aplica sanciones proporcionales a las irregularidades detectadas, lo que deja a los usuarios en una situación de indefensión.
Desde el sector de defensa del consumidor remarcan que los aumentos se aplican de manera escalonada, combinando subas locales con incrementos nacionales que impactan fuertemente en el monto final de las boletas. Esta modalidad, señalan, dificulta que los usuarios comprendan el verdadero alcance de los ajustes y termina diluyendo responsabilidades. Además, alertan sobre incumplimientos en los planes de inversión comprometidos por la empresa energética, que debían traducirse en mejoras concretas del servicio.
En este escenario, se impulsaron iniciativas para que diputados y funcionarios intervengan y frenen las subas, exigiendo mayor transparencia y protección para los consumidores. El debate también expone tensiones entre referentes del control ciudadano y autoridades provinciales, lo que refuerza una demanda social cada vez más extendida: tarifas justas, controles efectivos y un servicio eléctrico acorde a lo que los jujeños pagan mes a mes.
