La crisis económica y el aumento del costo de los servicios públicos profundizan las dificultades de las familias de Jujuy para afrontar sus gastos mensuales. Según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia, entre el 70% y el 75% de la población consultada tiene serios problemas para pagar la factura de energía eléctrica, una situación que también repercute en la cobertura de otras necesidades básicas.
El dato fue difundido por Pablo La Villa, referente del organismo provincial, quien explicó que muchas familias deben reorganizar sus presupuestos para cumplir con el pago de la luz. La investigación realizada por la Defensoría en distintos puntos de Jujuy encuestó a 619 usuarios. Entre los resultados, el 73% manifestó haber tenido dificultades para pagar la factura durante el último año y el 79% aseguró que debió reducir otros gastos del hogar para afrontar ese compromiso.
Reclaman una revisión de las tarifas y los subsidios
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo de Jujuy se sumó a un reclamo impulsado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRA), mediante una presentación ante la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de la Nación. El pedido busca revisar el sistema tarifario y el esquema de subsidios energéticos, frente al impacto de los costos de generación y transporte de electricidad sobre los hogares.
La preocupación también está vinculada con los cambios en los subsidios nacionales. Según informó la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), en octubre el límite de consumo eléctrico con bonificación nacional para los hogares subsidiados se redujo a 200 kWh mensuales, mientras que para noviembre está previsto que baje a 150 kWh. El organismo aclaró que el consumo que supere el límite bonificado se factura sin ese subsidio, lo que puede incrementar el monto final de las boletas.
Piden revisar la concesión de EJESA
En el ámbito provincial, el debate también alcanza a la empresa distribuidora EJESA. Vecinos de San Pedro y Libertador General San Martín reunieron más de 19.000 firmas para solicitar a la Legislatura la revisión del contrato de concesión y cuestionar la inclusión de determinados conceptos en las facturas. Desde la Defensoría respaldaron la apertura de una discusión sobre la estructura de costos y las condiciones de prestación del servicio eléctrico.
Mientras continúan los reclamos, la dificultad para pagar la electricidad se suma a otros gastos esenciales que presionan sobre los ingresos familiares. Los datos relevados por la Defensoría reflejan el alcance del problema entre los usuarios consultados y refuerzan el pedido de medidas que permitan aliviar el costo de un servicio indispensable.
