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Jujuy

Continúa la suspensión de pensiones a personas con discapacidad

En Jujuy, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) volvió a notificar a los beneficiarios de pensiones no contributivas sobre la suspensión temporal de sus pagos. La medida, que permanecerá hasta que se complete una nueva auditoría, afecta a personas con discapacidad que dependen de este ingreso como único sustento, generando preocupación y angustia en numerosos hogares.

Trámite para recuperar los beneficios

La licenciada Silvia Pereyra, trabajadora social en Palpalá, indicó que los beneficiarios deben presentar documentación que respalde su discapacidad para solicitar la rehabilitación del servicio. “Les pedimos paciencia. Una vez realizado el trámite, la resolución dependerá de Nación”, afirmó, mientras muchas familias expresan su desesperación por la pérdida temporal de su único ingreso.

Escándalo de corrupción en Andis

El operativo ocurre en un contexto de crisis política y judicial, luego de la difusión de audios que revelan un presunto esquema de corrupción dentro de Andis, atribuido a Diego Spagnuolo. Las grabaciones mencionan retornos del 5% al 8% en la compra de medicamentos e involucran a empresarios y funcionarios cercanos al Presidente. La situación llevó a la intervención del organismo por 180 días y la remoción de Spagnuolo. El caso está siendo investigado por el fiscal Franco Picardi e incluye 15 allanamientos y el secuestro de más de 266.000 dólares, alcanzando a figuras como Eduardo «Lule» Menem y Karina Milei.

Intervención y respaldo gubernamental

Mediante el Decreto 601/2025, el Gobierno designó al médico Alejandro Vilches al frente de la intervención, con el objetivo de auditar y transparentar la gestión de Andis. Desde el Ejecutivo se afirmó que la medida busca asegurar la correcta asignación de recursos y que los beneficiarios podrán recuperar sus pensiones presentando la documentación requerida. La situación deja en evidencia la vulnerabilidad de los adultos con discapacidad frente a la crisis institucional, y plantea la necesidad de acompañamiento social y legal para garantizar sus derechos.

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