El Gobierno nacional presentó una reforma migratoria que introduce modificaciones clave en el acceso a servicios públicos y en los requisitos para residir legalmente en el país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que los inmigrantes ilegales y residentes transitorios deberán pagar por la atención en hospitales públicos. Además, quienes ingresen al país deberán presentar un seguro médico que garantice su capacidad de pago.
En materia educativa, se habilitará a las universidades a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. “Se respetará la autonomía universitaria”, aclaró Adorni, lo que implica que cada casa de estudios podrá decidir si implementa o no esta medida. Por otra parte, se endurecerán los requisitos para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI), la residencia permanente y la ciudadanía argentina, que solo se otorgará a quienes acrediten dos años de permanencia continua en el país.
Durante la conferencia, Adorni estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respaldó las medidas vinculadas al control fronterizo. Según anunciaron, se rechazará el ingreso de personas con condenas penales y se deportará a cualquier extranjero condenado por un delito, sin importar su gravedad. También se reducirán los plazos de apelación en los procesos de expulsión para acelerar su ejecución.
El vocero presidencial cuestionó la normativa vigente al considerar que “invita al caos y al abuso”. Sostuvo que actualmente “la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley” y que incluso los inmigrantes con penas menores a cinco años pueden permanecer en el país. Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar el control migratorio y limitar el acceso a beneficios estatales para quienes no cuenten con residencia legal.
