La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó un polémico proyecto que busca reformar la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina y dotar a la fuerza de amplias facultades, entre ellas el patrullaje de redes sociales sin necesidad de autorización judicial. El borrador, al que accedió Ámbito, plantea la transformación de la PFA en una especie de FBI local, con énfasis en tareas de inteligencia y prevención del delito en entornos digitales.
El documento propone que la Policía Federal pueda realizar tareas de vigilancia en “espacios públicos digitales” como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes disponibles sin restricción judicial previa. Aunque el texto menciona que se respetará la privacidad, la libertad de expresión y los datos personales, esta disposición generó preocupación en sectores políticos y dentro de la propia fuerza, que la consideran excesiva y ambigua.
Otra de las reformas que generó fuerte rechazo es la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial en caso de que una persona no pueda acreditar su identidad y se sospeche que haya cometido o pueda cometer un delito. La medida también habilita a registrar y calificar a personas según su actividad, lo que encendió alarmas por el posible uso discrecional del poder policial.
El proyecto, que aún debe pasar por el Congreso, busca reposicionar a la PFA como una fuerza “líder en la investigación proactiva de delitos federales”, pero su contenido ya encendió un intenso debate sobre los límites entre la seguridad, la vigilancia estatal y los derechos ciudadanos. Desde organismos de derechos humanos y sectores judiciales advierten que de aprobarse, abriría la puerta a prácticas inconstitucionales de control social.
