Diputados nacionales reactivaron el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas con la presentación de un nuevo proyecto que busca estabilizar las partidas presupuestarias del sistema. La propuesta, impulsada por Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), establece una fórmula automática de actualización que combina inflación, tipo de cambio y tarifas. También prevé la convocatoria inmediata a paritarias para docentes y no docentes, con el objetivo de recomponer salarios afectados por la inflación.
La iniciativa toma como referencia la inflación acumulada desde mayo de 2024 y establece una actualización bimestral desde enero de 2025. Además, incorpora mecanismos para ajustar las becas estudiantiles y modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior para introducir criterios objetivos en la distribución de recursos, como la cantidad de estudiantes, las áreas estratégicas o las actividades científicas, con una perspectiva federal y transparente.
Tavela sostuvo que se trata de una propuesta que busca “garantizar la previsibilidad del sistema y el acceso igualitario a la educación superior en todo el país”, mientras que Ferraro advirtió que “desfinanciar las universidades es asfixiar el futuro del país”. La iniciativa cuenta con el respaldo de una docena de legisladores de distintos bloques, y le asigna un rol de control a la Auditoría General de la Nación.
Este nuevo intento se produce tras el veto presidencial a una ley similar aprobada por el Congreso en 2024, que no logró los votos necesarios para ser ratificada. En paralelo, desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro propuso una consulta popular vinculante para definir el financiamiento universitario, advirtiendo que el ajuste presupuestario erosiona la autonomía de las casas de estudio. El tema volverá a ser eje del debate legislativo, en plena campaña electoral.
