El gobierno nacional anunció recientemente la privatización del Belgrano Cargas, la compañía estatal encargada del transporte ferroviario de cargas, marcando así el comienzo de un proceso de privatización de parte del sistema ferroviario. Este anuncio se inscribe en un plan más amplio previsto por la administración actual, que pretende transferir al sector privado la gestión de ferrocarriles —incluyendo vías, material rodante y talleres— bajo la premisa de reducir costos al Estado y mejorar eficiencia.
Ante esta decisión, representantes del sector ferroviario y especialistas advierten sobre graves riesgos: pérdida de empleos, deterioro del servicio, y abandono de inversiones estructurales. En ese sentido, el titular de Trenes Argentinos Cargas (TAC), Daniel Vispo, rechazó la idea de privatizar, señalando: “está probado que en la Argentina ese modelo no funcionó”. Además, se anticipan recortes masivos de personal: la operadora estatal de pasajeros, Trenes Argentinos Operaciones, planea reducir su plantilla en 1.937 empleados en los próximos meses, como parte del plan de “atracción de capitales privados”.
Quienes se oponen advierten también que la privatización difícilmente resolverá los problemas estructurales del sistema ferroviario: falta de inversión, vías deterioradas, deficiente mantenimiento y baja frecuencia de servicios. Para esos críticos, la clave no está en cambiar de manos la gestión, sino en garantizar un compromiso real del Estado con la inversión y el mantenimiento.
Por su parte, defensores de la privatización argumentan que la empresa estatal representa un gasto importante para el Estado —como los 112 millones de dólares destinados en 2023 al mantenimiento del sistema de cargas—, y señalan que el ferrocarril está “subutilizado” y no ha evolucionado en décadas: hoy sólo el 6 % de la carga del país se transporta por tren, mientras que el 94 % recorre rutas en camión. Sostienen que privatizar podría mejorar la eficiencia, la competitividad y la transparencia de un sistema que consideran deficiente.
