El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información sobre los responsables de los incidentes ocurridos el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. La medida, establecida en la Resolución 357/2025, busca identificar y capturar a los presuntos autores de los disturbios, en un contexto de creciente conflictividad social.
Los hechos se dieron en el marco de una manifestación de jubilados, en la que se denunciaban recortes y ajustes en el sistema previsional. Desde el Gobierno se sostiene que grupos organizados promovieron la violencia, con ataques a fuerzas de seguridad y daños a bienes públicos. Sin embargo, testigos y manifestantes han señalado un accionar represivo por parte de las fuerzas policiales, lo que habría agravado los enfrentamientos.
La investigación está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, que tipificó los hechos como sedición y asociación ilícita agravada. No obstante, organismos de derechos humanos y sectores opositores han advertido sobre el uso de figuras penales que podrían derivar en una persecución judicial contra manifestantes, criminalizando la protesta social en un momento de fuerte malestar económico y político.
Mientras el Gobierno busca responsabilizar a grupos organizados, diversas organizaciones han denunciado la falta de información sobre detenidos y heridos durante la represión. La línea 134 fue habilitada para recibir denuncias anónimas, aunque persisten dudas sobre el uso de esta herramienta en un contexto donde crecen las denuncias por detenciones arbitrarias y persecución a opositores.
