El Instituto de Seguros de Jujuy volvió a quedar en el centro de la escena a raíz de una problemática que se arrastra desde hace varios años y que, lejos de resolverse, se profundizó en el último tiempo: los cobros indebidos y excesivos aplicados a afiliados por parte de profesionales de la salud. Esta situación generó un fuerte malestar social, especialmente tras el reciente aumento del coseguro, que fue ampliamente cuestionado por los usuarios del sistema.
En ese contexto, la obra social provincial avanzó con sanciones disciplinarias luego de constatar incumplimientos en el esquema de cobros acordado con el Colegio Médico de Jujuy y otras entidades profesionales. Si bien el nuevo sistema buscaba ordenar las prestaciones y los valores, múltiples denuncias evidenciaron que algunos prestadores no respetaron lo establecido, afectando directamente el acceso a la atención médica.
Como resultado de estas irregularidades, el ISJ inició un total de 149 expedientes administrativos a partir de reclamos formales realizados por afiliados. Tras las investigaciones correspondientes, se aplicaron 11 suspensiones con plazos que van de tres a seis meses, además de ocho exoneraciones y una exclusión definitiva del padrón de prestadores, lo que refleja la gravedad de los hechos detectados.
Las sanciones alcanzaron a profesionales de diversas especialidades, entre ellas kinesiología, ginecología, psicología y cirugía general, áreas sensibles por su alta demanda dentro del sistema de salud. En el caso más severo, un profesional de odontología fue excluido de manera permanente, marcando un precedente en la política de control del organismo.
Desde el Instituto remarcaron que existe un procedimiento legal que garantiza la investigación de cada caso y el derecho a la defensa de los profesionales involucrados. No obstante, se dejó en claro que el objetivo principal es hacer cumplir los acuerdos vigentes y evitar abusos que perjudiquen económicamente a los afiliados, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades para sostener los costos de la atención médica.
Además de las sanciones, el ISJ reforzó los mecanismos de reclamo en toda la provincia y avanzó con reintegros a quienes acreditaron haber sufrido cobros indebidos. La situación expone una problemática estructural en la relación entre prestadores y obra social, y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de controles más efectivos y de una mayor participación de los afiliados para denunciar prácticas irregulares y defender sus derechos.
