La Justicia de Jujuy dictó la primera resolución de responsabilidad penal de un adolescente desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el pasado 5 de septiembre. La decisión fue adoptada el miércoles 21 de octubre por la jueza María del Rosario Hinojo, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado y estableció medidas de acompañamiento interdisciplinario.
El adolescente fue declarado responsable por hechos calificados como encubrimiento por receptación dolosa, amenazas con armas, amenazas coactivas, desobediencia a la autoridad, daños y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante el procedimiento, reconoció los hechos atribuidos y aceptó su responsabilidad penal, mientras que la determinación de la pena quedó diferida.
Medidas de acompañamiento y reinserción social
La resolución contempla reglas de conducta y un abordaje interdisciplinario destinado a acompañar al adolescente en la construcción de un proyecto de vida acorde con su edad y circunstancias. Además, deberá abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra las personas protegidas por la resolución y sus familiares. El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas y promover la reintegración social del joven.
Los cambios del nuevo Régimen Penal Juvenil
La Ley Nacional 27.801 establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años, con procedimientos específicos y medidas que contemplan tanto las consecuencias de los delitos como la educación, la prevención y la reinserción social. La normativa incluye alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y programas de formación, mientras que la privación de la libertad debe aplicarse como último recurso.
Este primer antecedente judicial marca una nueva etapa en la aplicación del régimen en Jujuy y vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, el acompañamiento familiar y el acceso de los adolescentes a oportunidades educativas y sociales. Desde el Poder Judicial destacaron la importancia de garantizar intervenciones especializadas que respeten los derechos de los jóvenes y de las víctimas.
