El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, suspendió por seis meses el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida fue dictada en el marco de una presentación judicial realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que cuestionó la constitucionalidad del cierre.
El fallo impide al Gobierno ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, entre ellos, traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones o la eliminación de estructuras ligadas al organismo. La jueza justificó su decisión señalando que se encuentran reunidas las condiciones necesarias para dictar una medida cautelar de no innovar, con el objetivo de evitar “perjuicios irreparables” hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
La resolución judicial remarca que la Dirección Nacional de Vialidad es una entidad autárquica de derecho público, con facultades para actuar de manera privada y pública según el decreto ley 505/1958. En ese sentido, la jueza recordó que el personal del organismo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que no puede ser reubicado o despedido fuera de los marcos legales vigentes.
También citó como fundamento los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que poseen jerarquía constitucional en la Argentina —específicamente los N.º 87, 98 y 151—, los cuales impiden al Estado modificar de forma unilateral condiciones laborales establecidas mediante convenios colectivos.
Según Forns, el decreto presidencial “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad”, además de afectar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de los convenios vigentes.
El pasado 7 de julio, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de una reestructuración impulsada por el Ejecutivo. “Este organismo se creó para simplificar la corrupción”, sostuvo en una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
El decreto 480/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, establece que las competencias, recursos y personal de la DNV serán transferidos al Ministerio de Economía, que podrá también delegar funciones en otras jurisdicciones. El objetivo, según el Gobierno, es centralizar funciones, reducir estructuras y redefinir responsabilidades.
En su argumentación, Forns también tuvo en cuenta el posible impacto social del decreto, al señalar que podrían verse afectados “derechos de naturaleza alimentaria” derivados de despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.
La resolución se inscribe en una serie de medidas judiciales que ponen freno a iniciativas del Gobierno nacional en el marco de su política de desregulación y reducción del Estado, en un contexto de crecientes tensiones con sectores sindicales y trabajadores del sector público.
