Tras la interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, la Legislatura provincial resolvió poner a disposición de la Justicia la versión taquigráfica de la sesión especial realizada el jueves 15 de octubre. El objetivo es que la Fiscalía de turno evalúe la posible existencia de irregularidades en la gestión ministerial y determine si corresponde iniciar una investigación de oficio por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos.
Cuestionamientos por el manejo de recursos públicos
Durante la sesión, los legisladores plantearon interrogantes sobre la recaudación del recital de La Renga, las contrataciones oficiales y la adjudicación de concesiones en espacios culturales de la provincia. También se cuestionaron las cifras presentadas por el Ministerio y los procedimientos administrativos utilizados en distintas operaciones. Entre los temas abordados estuvieron las concesiones del Cabildo Histórico y del Centro Cultural Lola Mora.
Otro de los puntos de controversia estuvo relacionado con las contrataciones de familiares de funcionarios y la designación de Posadas al frente del Ministerio. Durante el debate, el funcionario reconoció que su esposa, Valentina Moisés, había sido contratada por organismos estatales para realizar espectáculos infantiles. Además, legisladores opositores cuestionaron el cumplimiento de los requisitos de residencia exigidos para ocupar el cargo. Posadas defendió su gestión y brindó explicaciones sobre los aspectos señalados.
La Fiscalía definirá si corresponde abrir una causa
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, confirmó que el registro oficial de la sesión quedará disponible para su remisión a la Fiscalía, a partir de una propuesta presentada por el diputado Federico Canedi. La documentación permitirá analizar los cuestionamientos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal. Por el momento, no se confirmó la apertura de una causa judicial ni la comisión de delitos, por lo que la eventual intervención del Ministerio Público de la Acusación dependerá de la evaluación de los antecedentes presentados.
