El Gobierno nacional avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. A través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía autorizó el inicio del proceso de valuación de activos y la venta del 49% del paquete accionario, de los cuales el 44% será licitado públicamente y el 5% destinado a un programa de “Propiedad Participada” para los empleados. El Estado conservará el 51% restante, manteniendo así el control mayoritario de la compañía.
El Ejecutivo justificó la medida como parte de su política de apertura al capital privado en sectores estratégicos, argumentando que permitirá atraer inversiones, mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad de proyectos clave como Atucha III. Según fuentes oficiales, el objetivo es “modernizar el sistema energético nacional” mediante un modelo mixto que combine la participación estatal con la inversión privada.
Sin embargo, la decisión generó fuerte rechazo de sindicatos, científicos y sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles riesgos en materia de soberanía energética y seguridad nuclear. Desde la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica calificaron la iniciativa como “una entrega del patrimonio tecnológico nacional” y reclamaron que el Congreso intervenga para frenar el proceso.
El Gobierno, por su parte, ratificó que el control estratégico permanecerá en manos del Estado y que la operación se concretará en un plazo máximo de 12 meses. Nucleoeléctrica Argentina gestiona las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares de la generación nuclear en el país. La privatización parcial representa uno de los pasos más significativos del plan oficial de reforma y desestatización del sector energético argentino.
