El diputado electo de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, lanzó fuertes críticas contra la administración de CANNAVA S.E., la empresa estatal jujeña dedicada al cannabis medicinal. En una entrevista con el programa Sobremesa, afirmó que desde la creación de la compañía en 2018 “no existe un control contable real” sobre los fondos millonarios que recibió. Según señaló, esa falta de auditoría se profundizó tras la reforma constitucional de 2023, que eliminó el Tribunal de Cuentas.
Ballesty vinculó el problema actual con el histórico legado de Plinio Zabala, quien había destinado las utilidades de la finca El Pongo al bienestar de los sectores más vulnerables de Perico. El legislador recordó que, tras la renuncia al usufructo de los herederos en 1984, la finca pasó a manos de la Provincia, lo que —según su denuncia— permitió desviar los recursos del hospital Arturo Zabala y dejar al municipio fuera de la administración del patrimonio. “Ese fue el momento exacto en el que comenzó el latrocinio”, sostuvo.
El diputado también expuso irregularidades en el manejo económico de CANNAVA, citando ingresos que incluyen $500 millones en 2019, USD 21 millones en 2021, $500 millones en 2022 y USD 3 millones en 2023, todos sin posibilidad de auditoría. Además denunció viajes internacionales con viáticos de hasta 400 dólares diarios y cuestionó que directivos ocuparan cargos simultáneos en otros proyectos estatales. En cuanto al impacto sanitario, afirmó que la empresa “no produjo ningún informe público” sobre pacientes, patologías tratadas o producción de aceites medicinales.
Ballesty aseguró que la reforma constitucional funcionó como un “blindaje político” para quienes administraron fondos de CANNAVA, Girsu y Cauchari. De cara a diciembre, adelantó que su bloque impulsará auditorías integrales y nuevas leyes de control estatal. En medio de impugnaciones judiciales a la reforma y crecientes cuestionamientos al manejo del legado Zabala, el legislador anticipó un escenario institucional tenso: “En algún momento la justicia tendrá que decidir si defiende las instituciones o si sigue defendiendo apellidos”.
