La intención del municipio de San Salvador de Jujuy de prorrogar por otros dos años la emergencia del transporte urbano de pasajeros generó cuestionamientos en el Concejo Deliberante. Desde el Frente de Izquierda advirtieron que la medida volvería a otorgar facultades especiales al Ejecutivo y beneficios tributarios a las empresas prestatarias, sin que existan garantías concretas de mejoras en el servicio.
La concejal Keila Zequeiros cuestionó que la iniciativa se discuta apenas un mes después de concretada la nueva licitación del transporte y señaló que las empresas no habrían presentado información suficiente sobre su situación financiera y operativa. También puso en discusión las exenciones impositivas contempladas para las prestatarias mientras los usuarios continúan afrontando aumentos en el boleto.
Reclamos por el estado del servicio
Entre los principales problemas señalados aparecen el deterioro y la falta de limpieza de algunas unidades, las frecuencias y las dificultades para acceder al transporte durante la noche. Zequeiros hizo especial referencia a estudiantes de la Ciudad de las Artes que, ante la falta de colectivos en determinados horarios, deben recurrir a remises o aplicaciones de transporte, incrementando sus gastos cotidianos.
Frente a este escenario, desde el espacio opositor propusieron crear una comisión auditora que controle los números de las empresas, las tarifas, frecuencias y recorridos. La discusión se produce mientras el Concejo analiza el pedido remitido por el Ejecutivo municipal para extender la emergencia durante dos años, una medida que vuelve a poner bajo debate la calidad del servicio y el destino de los beneficios concedidos a las prestatarias.
