La crisis institucional en el Concejo Deliberante de La Quiaca continúa sin resolverse: la concejal electa Marcela López sigue sin poder asumir su banca, a pesar de contar con fallos judiciales a su favor y de haber sido elegida en los comicios de octubre de 2025.
El conflicto se arrastra desde diciembre, cuando el cuerpo deliberativo le impidió jurar bajo el argumento de una supuesta “inhabilidad”. Sin embargo, la Justicia Electoral y posteriormente otros fallos ratificaron que López debía asumir de manera inmediata, estableciendo incluso plazos concretos para su incorporación al cargo.
Lejos de resolverse, la situación se agravó en las últimas semanas. La edil denunció una “desobediencia judicial” por parte del Concejo Deliberante, al no acatar las resoluciones que ordenan su asunción. Según explicó, la falta de cumplimiento ya derivó en sanciones económicas para el municipio, con multas que se acumulan diariamente y que impactan en las arcas públicas.
En este contexto, la tensión política crece en la ciudad fronteriza. López asegura que continuará recurriendo a la Justicia para hacer valer el mandato de las urnas y advierte que la situación afecta directamente la institucionalidad local. A más de cuatro meses de su elección, sigue sin poder representar a sus votantes, en un conflicto que pone en debate el respeto a la voluntad popular en La Quiaca.
