Comunidades originarias de la Puna jujeña volvieron a denunciar en 2026 el avance de empresas mineras sobre territorios ancestrales, en medio de un creciente conflicto por la explotación de litio. En las últimas semanas se registraron nuevos episodios de tensión, con pobladores que impidieron el ingreso de compañías a sus tierras y advirtieron sobre la falta de consulta previa por parte de las autoridades y las firmas involucradas.
Las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sostienen que los proyectos extractivos vulneran derechos reconocidos en normativas nacionales e internacionales, como el acceso a la consulta libre, previa e informada. Además, denuncian que la instalación de campamentos y tareas de exploración avanzan sin su consentimiento, por lo que han exigido el cese de actividades en distintas oportunidades.
Uno de los principales puntos de conflicto es el uso intensivo del agua que requiere la extracción de litio, un recurso escaso en la región. Según advierten organizaciones y comunidades, esta actividad podría afectar gravemente los ecosistemas de salares y humedales, de los cuales dependen para su subsistencia, cultura y producción local.
El conflicto también se trasladó al ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene en causas impulsadas por comunidades indígenas que denuncian daños ambientales y falta de consulta en proyectos mineros, mientras que otros fallos han permitido la continuidad de exploraciones en la provincia, profundizando la disputa.
