Un conflicto judicial por tierras en la comunidad Ojo de Agua, en la ciudad fronteriza de La Quiaca, dejó al descubierto una serie de presuntas actividades ilegales vinculadas al contrabando que habrían sido constatadas durante un procedimiento judicial. A partir de esta situación, abogados querellantes solicitarán la intervención de la ciudad ante la Legislatura provincial, al advertir que el funcionamiento de estas prácticas podría estar sostenido por una red organizada que operaría en la zona.
El caso se remonta al 26 de enero, cuando el juez de Paz de La Quiaca, Walter Fernando Rodríguez, acompañado por un agrimensor y las partes involucradas en la disputa territorial, se presentó en el predio en conflicto para verificar el estado de ocupación. El operativo se desarrolló en un clima de tensión, ya que varias personas que se identifican como integrantes de una comunidad aborigen se negaron a brindar datos personales o a indicar desde cuándo permanecen en el lugar. Según el informe judicial, las construcciones existentes serían recientes.
Durante la constatación, se detectó además una ruta de tierra clandestina utilizada como paso para el contrabando desde Bolivia, con salida hacia la Ruta Nacional 40. De acuerdo al informe, el tránsito de vehículos por ese camino sería frecuente y sistemático, incluso con rodados que no cuentan con identificación visible. Esta situación fue considerada por los denunciantes como un indicio de la existencia de una estructura organizada que facilitaría el ingreso y egreso de mercadería por pasos no habilitados en la frontera.
Ante estas circunstancias, los abogados Fernando Luis Bóveda y Franco Vera presentarán un pedido formal de intervención de la ciudad de La Quiaca ante la Legislatura provincial. Los letrados sostienen que la problemática no es reciente y que se habría profundizado tras la pandemia, señalando la posible connivencia entre sectores estatales y grupos organizados que custodiarían el predio en disputa. El caso también incluye denuncias sobre la presencia de más de cincuenta personas extranjeras que aseguran integrar la comunidad asentada en el lugar y amenazas contra los demandantes, lo que agrega mayor gravedad a un conflicto que ahora deberá ser analizado por una comisión legislativa.
