La Justicia jujeña condenó a 18 años de prisión efectiva a H. R. C., acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos personas menores de edad. Más allá de la resolución judicial, el caso vuelve a exponer una problemática social especialmente grave: la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia sexual que pueden prolongarse durante años antes de llegar a una instancia judicial.
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2024 en Abra Pampa y distintos sectores del departamento Cochinoca. El extenso período investigado pone nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección temprana, acompañamiento y protección de las infancias, especialmente en comunidades donde las distancias, el aislamiento o las dificultades para acceder a organismos especializados pueden convertirse en obstáculos adicionales para pedir ayuda.
La causa fue investigada por el Ministerio Público de la Acusación y llegó a juicio con la intervención de la Fiscalía de Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N.º 8 de La Quiaca. El fiscal Alberto Mendivil había solicitado 22 años de prisión, pedido al que adhirió la querella que representó a las víctimas. Finalmente, el Tribunal en lo Criminal resolvió imponer una pena de 18 años de cumplimiento efectivo.
La sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 representa el cierre de una etapa judicial, pero también vuelve a señalar un desafío que excede a los tribunales: evitar que las situaciones de abuso permanezcan ocultas durante largos períodos y garantizar que las víctimas encuentren espacios seguros para ser escuchadas. La prevención, la intervención de las instituciones educativas, sanitarias y sociales y el acceso a dispositivos de acompañamiento resultan centrales para que la respuesta no llegue únicamente después de que el daño ya fue cometido.
