El desalojo realizado en la Comunidad Indígena Santa Rosa de Humahuaca continúa generando repercusiones judiciales y políticas. El procedimiento se concretó el pasado 10 de agosto, en medio de un conflicto territorial entre familias de la propia comunidad, y terminó con enfrentamientos entre efectivos policiales y pobladores. Desde entonces se acumularon denuncias por presunto abuso de autoridad, personas lesionadas y cuestionamientos por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Denuncias cruzadas tras el operativo
Tras los incidentes, autoridades judiciales confirmaron el ingreso de al menos dos denuncias en la Fiscalía de Humahuaca, posteriormente derivadas a la Fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. Una de las presentaciones fue realizada por un vecino por supuesto abuso de autoridad, mientras que desde la Policía también denunciaron lesiones sufridas por efectivos durante el procedimiento. Al día siguiente del operativo no permanecían personas detenidas ni demoradas.
La defensa de integrantes de Santa Rosa avanzó además con un habeas corpus preventivo y colectivo, denunciando detenciones que consideran irregulares, heridas provocadas por proyectiles de goma y una supuesta falta de asistencia médica inmediata. Los representantes de la comunidad señalaron también que niños y adolescentes quedaron expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad durante el lanzamiento de gases y los momentos de mayor tensión.
El conflicto llegó a la Legislatura
Las consecuencias del operativo también llegaron al ámbito político. Este martes 25 de agosto, sectores de la oposición reclamaron la interpelación de funcionarios provinciales vinculados al procedimiento, al considerar que deben brindar explicaciones sobre el uso de armas no letales, la atención de los heridos y los protocolos aplicados ante la presencia de menores. Entre las acusaciones planteadas aparecen además supuestos episodios de violencia de género y vulneraciones de derechos humanos, hechos que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
El conflicto de fondo está relacionado con la posesión y los límites de terrenos dentro de la comunidad. Vecinos cuestionaron un plano aprobado por la Dirección Provincial de Inmuebles, al sostener que presentaría errores y avanzaría sobre territorio comunitario. Mientras la Justicia deberá determinar eventuales responsabilidades por lo ocurrido durante el desalojo, el episodio volvió a poner en discusión la situación territorial de las comunidades originarias y la demora en la regularización de títulos de propiedad comunitaria en Jujuy.
