El Concejo Deliberante de Tilcara avanza con una investigación sobre la cesión de una hectárea de tierras fiscales a un empresario, una decisión adoptada por la intendenta Sonia Pérez que despertó cuestionamientos por el procedimiento utilizado. Los ediles buscan determinar si la jefa comunal tenía facultades para disponer del predio y si correspondía realizar previamente una licitación pública.
Una resolución que luego quedó sin efecto
El caso se remonta a la Resolución Municipal N° 65/2025, firmada el 18 de diciembre del año pasado, mediante la cual se autorizó la ocupación de aproximadamente una hectárea a favor del empresario Bertil Kindgard. El terreno se encuentra en cercanías del río Huichaira y de la Ruta Nacional 9. La propia intendenta reconoció posteriormente que debió dejar sin efecto la autorización luego de que la Secretaría de Ordenamiento Territorial le informara que el municipio no tenía potestad para disponer de esas tierras fiscales.
Pese a la anulación de la medida, desde el Concejo señalaron que continuarán recopilando documentación. El concejal David Cardozo indicó que se realizaron pedidos de informes a organismos provinciales y cuestionó que la entrega se hubiera concretado sin intervención previa del cuerpo deliberativo. Además, sostuvo que el predio se encuentra en una zona próxima al cauce y en un sector donde existen dudas sobre los límites jurisdiccionales entre Tilcara y Maimará.
Evalúan avanzar con una denuncia penal
La controversia también adquirió una dimensión social debido a la demanda habitacional existente en la localidad. Cardozo señaló que alrededor de 150 familias necesitan terrenos para acceder a una vivienda, por lo que cuestionó que se hubiera intentado otorgar una extensión considerable de suelo fiscal a un privado. Una vez reunidos los informes solicitados, los concejales anticiparon que evaluarán realizar una presentación penal para determinar eventuales responsabilidades en el procedimiento. Por el momento, se trata de cuestionamientos e investigaciones en curso y no existe una determinación judicial de responsabilidad contra la intendenta por este episodio.
