Desde el 5 de septiembre comenzó a regir en Jujuy el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801. Uno de los principales cambios es que los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, siempre que se les atribuya un hecho contemplado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales. La normativa se aplica a los delitos cometidos desde su entrada en vigencia y no tiene efecto retroactivo, salvo cuando resulte más favorable para el acusado.
Qué conductas pueden generar responsabilidad penal
Desde el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy señalaron que la modificación alcanza a todos los delitos tipificados penalmente, incluso algunas conductas que pueden estar naturalizadas entre adolescentes. Como ejemplos mencionaron peleas entre estudiantes que provoquen lesiones, amenazas y determinados delitos vinculados al ámbito digital. Por este motivo, las autoridades anticiparon charlas y capacitaciones en establecimientos educativos para informar a jóvenes y familias sobre las consecuencias del nuevo régimen.
La ley no establece únicamente penas de encierro. Los jueces podrán disponer amonestaciones, prohibiciones de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico o reparación del daño, además de medidas educativas, tratamientos médicos o psicológicos y programas de capacitación. Para determinados delitos también se contempla la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba. En los casos graves, la privación de la libertad podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado, separado de personas adultas.
En Jujuy, organismos judiciales y provinciales vienen trabajando en la adecuación de los dispositivos de atención y alojamiento, además de la capacitación de los equipos que intervendrán en estos procesos. La normativa establece que cada adolescente sometido a medidas deberá contar con seguimiento especializado y mantiene como objetivo la educación, resocialización y reinserción. La responsabilidad penal recae sobre el adolescente, aunque los padres o responsables pueden afrontar las consecuencias civiles derivadas del hecho cometido por sus hijos.
