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Jujuy

Indignación por fallos judiciales polémicos en Jujuy

Una serie de decisiones judiciales en causas de extrema gravedad generó indignación y preocupación en Jujuy, principalmente entre familiares de víctimas. En los últimos días se conocieron beneficios otorgados a condenados e imputados por femicidio y delitos contra la integridad sexual, mientras las querellas cuestionan la protección que reciben quienes denunciaron los hechos.

Uno de los casos que provocó mayor rechazo fue el de Mauro Aparicio Maza, exintegrante de la Policía Federal condenado a prisión perpetua por el femicidio de Tania Palacios, ocurrido en 2019. El juez de Ejecución de la Pena Emilio Cattan autorizó salidas bajo custodia policial para que visite a familiares. La familia de la víctima cuestionó la medida y señaló que tomó conocimiento del beneficio sin haber sido informada previamente.

Cuestionamientos en causas por abuso sexual

Otra resolución polémica se produjo en San Pedro, donde el juez Juan Ángel Cabezas Hametti otorgó prisión domiciliaria a un hombre imputado por abuso sexual contra una adolescente de 14 años. La Fiscalía había rechazado el beneficio al advertir un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente después de que la menor declarara en Cámara Gesell y denunciara amenazas para encubrir al acusado.

A estos episodios se sumó la liberación de un efectivo de la Policía Federal imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal agravado contra una menor. El juez Roberto Darío Assef rechazó extender por 20 días la prisión preventiva solicitada por el fiscal Alejandro Maldonado y dispuso que el acusado fijara domicilio en Tilcara, acompañado de una restricción perimetral respecto de la víctima y su madre. La querella anunció que buscará revertir la decisión.

Los casos volvieron a instalar el debate sobre la protección de las víctimas durante los procesos judiciales y los límites de los beneficios concedidos a imputados y condenados. Familiares denunciaron temor, desprotección y revictimización, mientras que fiscales y querellas avanzan con recursos contra algunas de las resoluciones cuestionadas.

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