El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en Jujuy intensificaron sus reclamos ante la falta de un instrumento legal definitivo respecto al cómputo de la antigüedad. El conflicto se profundizó tras el rechazo gremial a un dictamen administrativo que buscaba desconocer los años de servicio prestados en escuelas de gestión privada para los educadores que se incorporan a la educación pública. Desde las dirigencias sindicales advierten que esta medida representa un fuerte golpe a los haberes, con pérdidas que podrían alcanzar los $500.000 por cargo.
A pesar de que el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy emitió un comunicado informando que mantendrá el reporte de los años trabajados en instituciones privadas y asegurando que no habrá descuentos, las organizaciones gremiales calificaron la respuesta como insuficiente. Argumentan que las notas de prensa o pronunciamientos informales carecen de la firmeza y validez jurídica requerida para derogar o rectificar dictámenes expedidos por el propio Estado provincial.
Por esta razón, la docencia jujeña exige de forma imperiosa la publicación de una resolución ministerial o decreto formal y vinculante. Los educadores sostienen que, sin un acto administrativo asentado formalmente, los derechos laborales acumulados siguen en una situación de vulnerabilidad y la incertidumbre en las liquidaciones salariales continuará latente.
En este contexto, los gremios confirmaron que mantendrán el estado de alerta y movilización, con una marcha de antorchas prevista y una asamblea provincial convocada para determinar el plan de lucha. De no mediar una norma escrita clara en los próximos días, las conducciones sindicales advirtieron que definirán un esquema de medidas de fuerza de mayor contundencia en todo el ámbito educativo jujeño.
