Un grupo de damnificados por la estafa inmobiliaria del grupo Horizonte denunció penalmente al juez Rodolfo Fernández, titular del Juzgado de Control Penal Económico, por presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y amenazas.
La denuncia se originó a partir del desplazamiento de la abogada Silvana Llanes, quien representaba a los damnificados desde hace años, sin consulta ni consentimiento de la mayoría de los querellantes. Los vecinos consideran que la resolución fue adoptada de manera unilateral y responde al planteo de un grupo minoritario.
Durante reuniones en el juzgado, los damnificados fueron maltratados y sometidos a un trato intimidante, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial. El magistrado habría manifestado que uno de los abogados designados “haría todo lo que él le indicará”.
Los denunciantes, más de mil personas de distintos puntos del país, consideran que la Justicia está beneficiando a los imputados y los está revictimizando. Sienten que se les ha avasallado el derecho a elegir libremente a su defensa y que se ha retrocedido en los avances logrados en la causa.
La causa involucra a más de mil personas damnificadas y ya hay al menos 25 vecinos que formalizaron la denuncia. Los damnificados solicitarán la separación del juez Rodolfo Nino Fernández de la causa, al considerar que su continuidad compromete la transparencia del proceso.
Los vecinos continuarán movilizándose y realizando presentaciones judiciales para evitar que la causa se dilate aún más o sea cerrada sin respuestas, en un expediente que ya lleva años de espera y frustraciones.
