El Gobierno nacional anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para concesionar 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la llamada Red Federal de Concesiones, incluyendo tramos denominados Oriental y Conexión, que abarcan rutas como la 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.Al mismo tiempo, advirtió que para las etapas 2 y 3 del proyecto ya se encuentran próximos los pliegos finales para licitaciones nacionales e internacionales que involucran unos 8.384 kilómetros adicionales.
Este proceso forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para privatizar el mantenimiento y operación de rutas nacionales, mediante concesiones con peaje, bajo la modalidad de obra pública. En particular, la empresa estatal Corredores Viales S.A. será objeto de disolución una vez que se efectúen las nuevas concesiones, que incluyen tramos que hoy están bajo su administración.
El gobierno argumenta que esta privatización permitirá aliviar el gasto fiscal, ahorrar divisas, atraer inversiones privadas, mejorar la eficiencia operativa, y optimizar el estado de la infraestructura vial nacional. Por ejemplo, se señala que Corredores Viales S.A. registró pérdidas superiores a los 142 mil millones de pesos durante 2023, lo que habría motivado parte de la decisión de cerrar la empresa estatal.
Además de los aspectos económicos, el plan incluye mecanismos legales ya vigentes, como el Decreto 97/2025, la Ley 17.520, y la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte, que regulan los procesos de licitación, concesión y las adaptaciones necesarias en los tramos. Sin embargo, la medida ha generado críticas: desde sectores que advierten sobre los riesgos de perder control estatal sobre vías clave, posibles incrementos de peaje, hasta temores por la calidad del mantenimiento futuro y la equidad para las provincias más alejadas.
