La Cámara de Diputados de la Nación, en una nueva instancia de discusión parlamentaria, comenzó a analizar diversos proyectos para asegurar el financiamiento de las universidades públicas, en un contexto de severos recortes presupuestarios y depreciación salarial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina (FUA), presentó un proyecto cuyo propósito central es establecer recursos actualizados y sostenibles vía una ley nacional que fije montos mínimos y mecanismos automáticos de actualización.
El 8 de julio de 2025, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Educación y Salud emitieron un dictamen de mayoría respaldando el proyecto del CIN, alcanzando 49 firmas entre distintos bloques de la oposición, incluyendo Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal. La iniciativa plantea recomponer partidas de funcionamiento y salarios, indexando automáticamente los recursos bimestralmente según el IPC a partir de comienzos de 2025, con vistas a llegar al 1,5 % del PBI destinado a educación superior hacia el año 2031, sin imponer nuevos impuestos.
No obstante, el tratamiento enfrenta obstáculo importante: para avanzar en el recinto, el dictamen debe conseguir mayoría cualificada de dos tercios. En una votación previa similar, la Cámara Baja rechazó revertir el veto presidencial a la ley aprobada en 2024, con 142 votos afirmativos, 90 negativos y 3 abstenciones, quedando lejos del quórum exigido para insistir con la norma. De modo que la expectativa está puesta tanto en lograr acuerdos internos como en persuadir a legisladores del PRO y la UCR para acercarse a ese número crítico.
En paralelo a las negociaciones en comisiones, gremios y estudiantes llevan adelante acciones de presión: se convocó una marcha federal en todas las universidades públicas del país, acompañada por un paro docente nacional de 48 horas, con el objetivo de recolectar un millón de firmas en apoyo al proyecto y visibilizar la urgencia de un financiamiento estructural. La comunidad académica y legisladores de la oposición plantean que, de no haber avances concretos antes del receso de invierno, el panorama será más complejo para avanzar con la ley en el recinto y, en definitiva, frente a un posible veto presidencial.
