El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy que rechazó un planteo de inconstitucionalidad en una causa vinculada a allanamientos contra dirigentes sociales volvió a generar fuertes críticas por parte de organizaciones políticas y sociales de la provincia. Los sectores involucrados sostienen que el proceso judicial responde a una estrategia de persecución hacia referentes comunitarios y anticiparon que buscarán llevar el caso al ámbito de la Justicia Federal.
La causa se originó en 2022, cuando se realizaron procedimientos en domicilios particulares, comedores y merenderos vinculados a organizaciones sociales. Desde entonces, distintos dirigentes cuestionaron el avance del expediente y remarcaron que, a pesar del tiempo transcurrido, no se habrían incorporado pruebas concluyentes. El rechazo de la Corte provincial al pedido de nulidad profundizó el malestar y derivó en nuevas denuncias públicas contra el accionar judicial.
Entre los principales cuestionamientos aparece la supuesta utilización de mecanismos de espionaje e infiltración para obtener información durante la investigación inicial. Los referentes sociales aseguran que parte de las actuaciones se apoyaron en registros obtenidos fuera de instancias judiciales formales, lo que consideran irregular. Además, afirman que ya existen presentaciones en el fuero federal relacionadas con esas prácticas y con la legalidad de los procedimientos realizados.
Las organizaciones también vinculan la reactivación de este tipo de causas con el contexto social y económico que atraviesan los barrios populares. En ese marco, advierten sobre un clima de creciente tensión social y sostienen que las investigaciones judiciales terminan impactando sobre dirigentes territoriales y gremiales. Mientras tanto, los espacios involucrados analizan nuevas medidas legales y políticas para continuar con sus reclamos fuera de la órbita provincial.
