La política de Perico atraviesa un momento de fuerte tensión social tras la difusión de audios que vinculan a concejales y al intendente Rolando Ficoseco en presuntos actos de corrupción. Lo que inicialmente parecía un enfrentamiento interno entre ediles, hoy se ha transformado en una problemática social que pone en duda la transparencia de las instituciones municipales y genera malestar entre los vecinos.
El concejal Walter Cardozo insistió en que “no fueron las cosas transparentes” y acusó directamente al intendente de “lavarse las manos” ante los hechos que involucran a funcionarios de su gestión. Por su parte, Cristian Valdiviezo y Enrique Rojas rechazaron las acusaciones, calificándolas de un “circo” y asegurando que los audios difundidos están “sacados de contexto”. Sin embargo, lejos de aclarar la situación, las declaraciones públicas profundizan la desconfianza en la ciudadanía.
A la crisis se suma la destitución de la concejala Mónica Sánchez, quien denunció acoso sexual y corrupción, y que ahora impulsa un recurso de amparo para recuperar su banca. La medida, calificada por sectores políticos como “ilegal”, agudiza la incertidumbre institucional y refleja una falta de garantías democráticas dentro del Concejo Deliberante.
Con el pedido de renuncia a cinco ediles y la presión social por mayor transparencia, el futuro del cuerpo legislativo es incierto. El intendente, primero respaldando y luego exigiendo la salida de los concejales, quedó en el centro de las sospechas. Para la ciudadanía de Perico, lo que ocurre no es solo un conflicto político, sino un problema social que erosiona la confianza en sus representantes y amenaza con paralizar la vida institucional del municipio.
