La discusión por la auditoría anunciada a la empresa transportista Transnoa volvió a poner en el centro del debate el deficiente servicio eléctrico que afecta a miles de usuarios en Jujuy. Aunque la medida apunta a revisar el funcionamiento del sistema de transporte de energía, distintos sectores advierten que el problema que impacta cotidianamente en la población estaría vinculado principalmente a la distribución, etapa que mantiene contacto directo con los usuarios.
El sistema eléctrico se organiza en generación, transporte y distribución, pero en la provincia la empresa responsable ante los consumidores es EJESA. En ese marco, se señala que los reclamos por cortes reiterados, daños en electrodomésticos y fallas en la prestación deben dirigirse a la distribuidora, ya que es la encargada de garantizar el servicio en barrios de la capital, la Quebrada y la Puna, donde las interrupciones son frecuentes.
El malestar social crece ante la reiteración de interrupciones diarias y la falta de mantenimiento visible en la infraestructura eléctrica. A esto se suma la ausencia de información pública clara sobre inversiones realizadas, recambio de transformadores y planes de obra previstos para mejorar la red. También genera preocupación la escasa difusión sobre eventuales sanciones y el rol de los organismos de control en la supervisión del servicio.
En paralelo, los usuarios enfrentan tarifas consideradas altas en relación con la calidad del servicio recibido. Los aumentos sostenidos y los cortes ante lluvias o inclemencias menores profundizan la percepción de un sistema que no responde a las necesidades básicas de la población. En este contexto, el debate trasciende lo técnico y se consolida como un problema social que impacta directamente en la vida cotidiana de los jujeños.
