Integrantes de comunidades originarias denunciaron haber recibido actas contravencionales luego de participar en una movilización frente a la Legislatura provincial. La protesta formó parte de la 11ª Caminata en Defensa del Agua y la Vida, que recorrió casi 300 kilómetros para exigir el respeto de sus derechos territoriales.
Comunidades indígenas de Jujuy denunciaron medidas contravencionales tras manifestarse en defensa de sus territorios y recursos naturales. El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, cuando integrantes de distintos pueblos originarios finalizaron una jornada de reclamos frente a la Legislatura provincial. Según denunciaron los participantes, las autoridades labraron actas contravencionales después de las actividades de visibilización.
Reclamos por el territorio y el acceso al agua
La movilización se desarrolló en el marco de la 11ª Caminata en Defensa del Agua y la Vida, que comenzó el 1 de octubre en La Quiaca y concluyó en San Salvador de Jujuy. Durante doce jornadas, representantes de comunidades de la Puna y la Quebrada recorrieron casi 300 kilómetros para reclamar el reconocimiento de la propiedad comunitaria, la protección de los recursos naturales y el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos que puedan afectar sus territorios.
Los manifestantes llegaron a la capital provincial y se concentraron inicialmente en la rotonda de Ciudad Nieva, desde donde avanzaron hacia la Legislatura y posteriormente a Plaza Belgrano. Allí realizaron actividades culturales, musicales y teatrales para visibilizar sus demandas. Sin embargo, la jornada terminó con actuaciones contravencionales que generaron cuestionamientos entre los participantes, quienes vienen denunciando situaciones de discriminación y criminalización de la protesta social.
Desde las comunidades también cuestionaron las políticas provinciales relacionadas con la explotación de recursos naturales y el avance de emprendimientos sobre territorios ancestrales. En este contexto, la Asamblea Provincial de Comunidades Indígenas había advertido días atrás que podría iniciar acciones legales contra funcionarios que permitan intervenciones territoriales sin garantizar los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La situación vuelve a poner en discusión el respeto de los derechos constitucionales de los pueblos originarios y las garantías para ejercer el derecho a la protesta en Jujuy. Las comunidades sostienen que sus reclamos buscan proteger el agua, la tierra y sus formas de vida frente a decisiones estatales y proyectos económicos que consideran perjudiciales. Mientras tanto, las actuaciones contravencionales denunciadas abren nuevos interrogantes sobre la respuesta institucional a las demandas de los pueblos indígenas.
