Lo que comenzó como un reclamo de trabajadores de Unión Bus por su exclusión en la polémica licitación del transporte urbano en la capital jujeña escaló rápidamente. Con solo tres empresas participando del proceso, los choferes denunciaron presiones e irregularidades, y decidieron tomar la sede de la UTA exigiendo la renuncia del veedor Julio Ramírez y garantías laborales.
Tras la ocupación, un ayudante fiscal intimó a los trabajadores y ordenó su desalojo. Para hacer cumplir la medida se montó un fuerte operativo policial, lo que llamó la atención por la magnitud de la presencia de fuerzas de seguridad ante un reclamo gremial.
José María Albizo Cazón, referente de la Coalición Cívica ARI, acompañó a los choferes y denunció irregularidades graves en ART, aportes previsionales y obra social, alertando que la licitación podría poner en riesgo la antigüedad y continuidad laboral de trabajadores con hasta 20 años de servicio. Criticó, además, la anulación rápida de una medida cautelar previa, señalando posibles presiones externas vinculadas a grandes empresas del transporte.
Roberto Deleu, chofer presente en la protesta, aseguró que las acciones fueron pacíficas y realizadas ante escribano, y que el principal reclamo es la exclusión de Julio Ramírez para poder elegir libremente a sus representantes gremiales. Además, cuestionó la parcialidad del fiscal al ordenar un desalojo en un espacio aportado y sostenido por los propios trabajadores.
