Choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se movilizaron la semana pasada hacia la sede provincial del gremio en la capital jujeña en reclamo de la renuncia del interventor designado y la normalización del sindicato, en medio de una fuerte tensión con autoridades provinciales. La protesta se originó tras la polémica licitación del transporte urbano de pasajeros, donde la empresa Unión Bus quedó excluida del proceso, generando incertidumbre laboral entre sus trabajadores y acusaciones de presiones políticas en las decisiones del sector.
Los choferes denunciaron que persisten las irregularidades internas dentro de la UTA, reclamando poder elegir democráticamente a sus representantes y cuestionando el manejo de la actual intervención. El pedido central gira en torno a la salida del veedor designado desde Buenos Aires, Julio Ramírez, y la apertura de una nueva etapa que permita mayor participación y transparencia sindical.
Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de tensión en las negociaciones entre la UTA y el Estado provincial por el servicio de transporte urbano. En el pasado reciente, las autoridades laborales jujeñas dictaron una conciliación obligatoria, pero el gremio rechazó levantar sus medidas de fuerza incluso bajo ese marco, lo que llevó al Gobierno a declarar ilegal el paro de colectivos por el impacto que tiene en miles de usuarios que dependen diariamente del servicio.
En paralelo, representantes del Gobierno provincial, incluido el ministro Normando Álvarez García, se reunieron con el delegado normalizador de UTA para trabajar en un plan de acción orientado a restablecer el diálogo y atender las demandas laborales. Las partes intentan avanzar hacia una salida institucional que contemple tanto las condiciones de trabajo de los choferes como la continuidad de un sistema de transporte urbano que hoy atraviesa una de sus crisis más profundas en los últimos años.
