En la provincia de Jujuy se vive una situación económica de creciente tensión de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los ingresos reales de las familias continúan ubicándose por debajo del nivel al inicio de la gestión nacional, lo que se suma a una caída del consumo en supermercados y mayoristas, y al aumento del endeudamiento y la morosidad. Estas condiciones afectan de lleno al bolsillo local, en una provincia que ya arrastra vulnerabilidades estructurales.
Los sectores más golpeados son los trabajadores públicos, jubilados y empleados privados formales, que en promedio registran una pérdida acumulada equivalente a cerca de dos meses de ingresos desde el cambio de gobierno. En Jujuy, donde la informalidad laboral es elevada y el empleo registrado es débil, esta pérdida adquiere mayor magnitud, ya que muchas familias dependen de salarios que no se ajustan al ritmo de la inflación ni de los gastos.
El consumo masivo no logra recuperarse: los supermercados de cadena y mayoristas reportan caídas constantes, mientras que los autoservicios de cercanía apenas logran sostenerse. En Jujuy, los comerciantes ya observan cómo las compras pasan a ser menores en monto y en frecuencia, lo que impacta directamente en la economía local, en especial en los barrios y zonas periurbanas.
En este escenario, el desencanto social crece y las familias jujeñas llegan al acto electoral con mayores preocupaciones económicas. La combinación de ingresos estancados, deudas crecientes y un consumo que no repunta plantea no sólo retos para la economía provincial, sino también riesgos para la confianza ciudadana y la gobernabilidad en la región.
