En los últimos años, la provincia de Jujuy ha observado un alarmante incremento de los casos vinculados al consumo problemático de sustancias. Según datos oficiales, las atenciones por consumo pasaron de 1.695 casos en 2016 a 4.718 en 2024, lo que representa un crecimiento del 178 % en casi una década. Las cifras reflejan no solo una mayor demanda de atención sanitaria, sino también la profundización de una problemática social con impactos en la salud mental, familiar y comunitaria.
Uno de los aspectos más delicados es el temprano inicio del consumo entre niños y adolescentes. En el área conocida como “ramal”, el promedio de edad de inicio para inhalantes se ubica en alrededor de los 12 años; para psicofármacos, a los 13; y para alcohol, tabaco o pasta base, cerca de los 14 años. En algunos informes recientes se advierte que cada vez más jóvenes comienzan a experimentar con sustancias incluso antes de los 12 años. Esta tendencia anticipa efectos negativos profundos —físicos, psíquicos y sociales— en etapas tempranas del desarrollo.
En cuanto al tipo de consumo, especialistas subrayan que no se trata tanto de adicción prolongada, sino de episodios habituales de consumo abusivo, especialmente de alcohol. Este patrón —aunque menos visible que el consumo crónico— genera crisis de salud agudas, conflictos familiares y pérdidas en ámbitos educativos y laborales. Frente a este escenario, autoridades provinciales insisten en que el consumo se convierte en “problemático” cuando altera las relaciones interpersonales, el rendimiento y las rutinas cotidianas.
Para contrarrestar esta situación, se han puesto en marcha campañas y políticas integrales con enfoque en derechos humanos. Durante la semana del 23 al 28 de junio de 2025, por ejemplo, se desarrolló la campaña “Acompañe, no castigue”, con actividades en escuelas, espacios culturales y medios de comunicación para sensibilizar sobre los consumos problemáticos y promover la inclusión de personas afectadas. Además, el Ministerio de Salud provincial enfatiza la necesidad de reforzar la red de atención, con dispositivos comunitarios como CAPS, unidades de salud mental y el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) en cada municipio.
