El Parlamento aprobó a fines de 2025 la llamada Ley de Inocencia Fiscal, normativa que reformó el régimen sancionatorio que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la antigua AFIP. La normativa contempla un aumento “histórico” de las penalidades económicas para quienes incumplan obligaciones formales y atrasos en presentaciones fiscales, lo que impactará a personas y empresas con deudas o demoras administrativas.
La reforma incluyó un incremento de hasta 110.000% en algunas multas, según precisan especialistas tributarios. Por ejemplo, una sanción que hasta ahora era de $200 para personas humanas pasará a $220.000, mientras que para personas jurídicas el monto base aumentará de $400 a $440.000. Este fuerte salto en las cifras supone que la penalización por retrasos o incumplimientos formales que antes resultaban simbólicos ahora adquieren un peso significativo en los costos de cumplimiento fiscal.
Además, la reforma facultó a ARCA a imponer sanciones que, en ciertos casos, podrán alcanzar montos aún mayores en función del tipo de infracción y la categoría de contribuyente, lo que incluye topes que pueden trepar hasta $35 millones en situaciones graves de incumplimiento formal, según la exposición legal de la reforma. Este cambio generó fuertes críticas entre profesionales contables, que advierten sobre posibles desproporciones para pequeñas y medianas empresas frente a sanciones millonarias, sin mecanismos claros de graduación según la capacidad económica del contribuyente.
Frente a este nuevo escenario, ARCA también extendió plazos de adhesión a planes de regularización y moratorias especiales para deudas fiscales y multas, buscando incentivar la puesta al día voluntaria de contribuyentes con obligaciones vencidas. Estas prórrogas, sin quitas en intereses ni sanciones, pretenden ofrecer una vía para evitar el efecto de los nuevos aumentos de multas, destacando la importancia de regularizar la situación antes de la aplicación de sanciones mayores.
