En la provincia de Jujuy se intensifica el malestar entre los trabajadores del Servicio Penitenciario que llevan varios meses sin percibir sus remuneraciones. Según denuncias recientes, al menos 16 profesionales de la institución —desde licenciados hasta agentes— no habrían cobrado sus haberes desde enero, y se suman otros casos en el interior provincial. Las protestas se realizaron frente a la Casa de Gobierno, donde familiares de los empleados reclamaron definiciones urgentes.
El reclamo pone de manifiesto más que un atraso salarial: evidencia un clima de frustración que los trabajadores definen como “insostenible”. En sus testimonios, las esposas y madres de los agentes señalaron que los expedientes para el pago se encuentran “en despacho del señor gobernador” y que las promesas de regularización se acumulan sin avances. Explican también que la falta de ingresos obligó a algunos a recurrir a emprendimientos u otros trabajos para sostener sus gastos básicos.
La situación, además de afectar el bolsillo y la moral del personal penitenciario, tiene implicancias institucionales. El organismo enfrenta vulnerabilidades cuando no puede garantizar el pago de sus plantillas: esto puede incidir en la operatividad, la estabilidad laboral y la seguridad interna. En este contexto, la ley recientemente sancionada para adaptar el régimen de remuneraciones del Servicio Penitenciario provincial había sido presentada como una vía para “mejorar el ambiente laboral y la motivación del personal”.
Por su parte, desde el Estado aún no se comunicó una solución concreta con plazos definidos para los pagos atrasados. Mientras tanto, el clima de conflicto crece y la credibilidad de las autoridades penitenciarias y gubernamentales está siendo cuestionada por los empleados y sus familias. De persistir la situación, advierten, podrían producirse medidas de fuerza o un desgaste institucional que terminará repercutiendo en toda la cadena del sistema de encierro, ya delicada en términos de recursos humanos y operativos.
