En San Salvador de Jujuy, la persistente falta de actividad en la Legislatura provincial ha vuelto a encender fuertes críticas por parte de sectores opositores y organizaciones civiles, quienes advierten que la parálisis parlamentaria ha dejado de ser un mero conflicto partidario para consolidarse como una grave problemática social. Al concluir la primera mitad del año, la denominada «Casa de Piedra» registra un balance alarmante de apenas seis sesiones ordinarias celebradas. Esta alarmante inacción se ve agravada por la sistemática suspensión de las reuniones de comisiones clave —como la de Asuntos Sociales— debido a la recurrente falta de quórum por ausencias oficialistas, lo que congela el tratamiento de leyes urgentes y desatiende el mandato de representación popular.
Este preocupante letargo legislativo impacta de manera directa en la realidad cotidiana de los ciudadanos jujeños, ensanchando la brecha entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Mientras las comisiones permanecen cerradas, importantes proyectos destinados a paliar emergencias estructurales duermen en los despachos; demandas sociales críticas como la declaración de la emergencia habitacional frente al enorme déficit de viviendas, la actualización del abono docente para los educadores que deben trasladarse y el debate sobre los recientes incrementos en las tarifas de servicios públicos carecen de un espacio de resolución. Así, la inactividad parlamentaria se traduce en un muro institucional que desampara a los sectores más vulnerables de la provincia.
Desde el arco opositor, legisladores provinciales señalan que existe una estrategia deliberada por parte del oficialismo para evitar el normal funcionamiento del recinto y eludir debates incómodos vinculados al gasto público y la transparencia. La controversia adquiere un tinte de profunda desigualdad social cuando se contrasta la inacción de los diputados con la realidad económica de los trabajadores estatales, cuyos salarios se encuentran desvalorizados frente a la inflación; al mismo tiempo, se cuestiona que no se abran las discusiones sobre las millonarias inversiones y regalías provenientes de recursos estratégicos como el litio, manteniendo la opacidad sobre el destino real de los fondos públicos provinciales.
A las puertas del receso invernal de julio, y tras semanas consecutivas de cancelaciones diarias de reuniones de agenda, junio se perfila para la sociedad civil como un «mes perdido» en materia legislativa. La preocupante situación en la Legislatura de Jujuy evidencia un quiebre en la representatividad democrática en el que un órgano esencial para el equilibrio de poderes decide postergar su labor de cara a las problemáticas de su población. De este modo, la deserción de las bancas y la falta de debate no solo precarizan la calidad institucional, sino que consolidan una crisis social silenciosa al dejar desprotegidos y sin respuestas institucionales a miles de ciudadanos.
