La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Jujuy volvió a quedar en el centro de la polémica tras la presentación de un pedido de informes en la Legislatura provincial para esclarecer presuntas irregularidades en la administración del organismo. La iniciativa fue impulsada desde el bloque de Federico Canedi, en medio de un contexto de reclamos laborales de los trabajadores, quienes días atrás realizaron una asamblea para exigir la apertura de paritarias y discutir mejoras salariales y condiciones de trabajo.
La preocupación legislativa surge a partir de documentación que daría cuenta de un faltante cercano a los 61 millones de pesos en combustible durante el período 2022-2023, además de presuntas irregularidades en distintos procesos de licitación vinculados al funcionamiento del organismo. Estos datos motivaron el pedido formal para que se detallen los movimientos administrativos y se expliquen los controles sobre los recursos públicos.
Entre los puntos más sensibles también aparece el destino de una inversión millonaria realizada en 2016 para la compra de maquinaria pesada, cuyo monto habría alcanzado los 300 millones de dólares. Según las denuncias, parte de ese equipamiento no estaría operativo, habría quedado en desuso o directamente se desconoce su paradero, pese a que al momento de la adquisición se anunció que contaba con una vida útil superior a los 25 años.
A estas sospechas se suma la incertidumbre sobre el destino de una planta asfáltica adquirida con fondos públicos, cuya posible venta o transferencia no habría sido debidamente informada. Además, se cuestiona el procedimiento utilizado para la compra de maquinaria por contratación directa mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Gerardo Morales, lo que alimenta el debate sobre la transparencia en la gestión de bienes públicos dentro de la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy.
