Crece la alarma ante la paralización de múltiples proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados. Según un relevamiento de dirigentes de la Cámara Jujeña de la Construcción, la inversión general en obras cayó drásticamente, lo que amenaza el empleo y el dinamismo económico local. En particular, se identificaron al menos seis obras con fondos nacionales totalmente detenidas, lo que evidencia la magnitud del problema.
Los efectos sociales se materializan en barrios populares y zonas vulnerables de la provincia. Dirigentes de la Mesa Nacional de Barrios Populares informaron que más de 7.300 familias en Jujuy se encuentran afectadas por la suspensión de planes de urbanización al quedar sin financiamiento clave. En la ciudad de Palpalá, por ejemplo, se aprobó un presupuesto municipal para 2025 que destina la mayor parte de los recursos al pago de salarios, recibiendo críticas por la casi nula inversión en infraestructura.
Desde el sector de la construcción subrayan que el problema no se limita solo a la ausencia de obras nuevas, sino también a los excesivos plazos y trámites burocráticos que generan demoras e incrementan los costos. “Una obra que se licita demora entre 4 y 6 meses para adjudicarse y, en muchos casos, antes de empezar ya está desfinanciada”, advirtió el presidente de la Cámara de la ConstrucciónEsta situación no sólo afecta a los contratistas y empresas del rubro, sino que tiene un impacto directo sobre obreros y familias que dependen de esa fuente de ingresos, generando un incremento en el desempleo y la migración laboral hacia otras provincias.
Frente a este escenario, desde el gobierno provincial se trabaja en mecanismos para revertir la tendencia. El gobernador Carlos Sadir firmó en junio un convenio marco con el gobierno nacional para la reactivación de la obra pública en Jujuy, lo que incluye transferencia de fondos y ejecución de proyectos de vivienda, rutas y saneamiento. Además, se creó una comisión para modernizar la normativa provincial de obra pública —la Ley N° 1864 de 1948— con el objetivo de agilizar licitaciones y mejorar la eficiencia del sector. La expectativa es que estas acciones permitan revertir la paralización, recuperar el empleo en el sector y restablecer inversiones en infraestructura que la provincia tanto necesita.
