La reciente adjudicación del servicio de transporte urbano en San Salvador de Jujuy volvió a generar fuertes cuestionamientos. Tras el proceso licitatorio impulsado por el municipio, las empresas Santa Ana y El Urbano quedaron como únicas prestadoras del servicio, mientras que una tercera firma participante no obtuvo recorridos. La decisión despertó críticas de trabajadores del sector, quienes advierten sobre una posible concentración empresarial en el sistema de colectivos de la capital.
Uno de los principales reclamos fue expuesto por Víctor Lamas, ex chofer de Santa Ana, quien aseguró que existen importantes irregularidades laborales dentro de las empresas adjudicatarias. Según indicó, los trabajadores arrastran deudas salariales millonarias debido al incumplimiento de acuerdos paritarios nacionales y a la falta de actualización de haberes conforme a la escala de la UTA.
El ex trabajador también denunció una serie de despidos vinculados a reclamos salariales. De acuerdo a su testimonio, más de un centenar de choferes fueron desvinculados en distintos puntos de la provincia y muchos de ellos tendrían dificultades para volver a conseguir empleo en el sector. En ese contexto, habló de la existencia de “listas negras” que impedirían la reincorporación de quienes participaron de protestas o medidas gremiales.
Además de apuntar contra las empresas, Lamas cuestionó el rol de dirigentes sindicales y autoridades vinculadas al transporte. Sostuvo que no hubo respuestas concretas a los reclamos de los trabajadores y criticó que la licitación haya avanzado pese a las denuncias por incumplimientos salariales y problemas en el mantenimiento de las unidades. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre cómo impactará el nuevo esquema en la calidad del servicio para los usuarios de la capital jujeña.
