El Gobierno nacional reglamentó el derecho de huelga en sectores considerados esenciales o de importancia trascendental, mediante el decreto 340 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros, obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales como salud, transporte, telecomunicaciones y educación obligatoria, y del 50% en actividades estratégicas como la industria alimenticia, el transporte terrestre y la producción de medicamentos.
La medida generó un fuerte rechazo por parte del sindicalismo, especialmente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que convocará un plenario de secretarios generales el próximo martes en la sede de la CGT para definir acciones de protesta. Desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes, su titular Juan Pablo Brey advirtió que el decreto “viola la autonomía sindical y el derecho de huelga consagrados por la Constitución y tratados internacionales”.
También se sumaron críticas desde otros sectores gremiales. Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos, calificó la medida como “antidemocrática y antijurídica”, y cuestionó además el decreto 341, que excluye al Gobierno de la paritaria nacional docente. Por su parte, el dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, consideró que el nuevo decreto busca “beneficiar a los patrones” a costa de los derechos laborales.
El decreto prevé la creación de una Comisión de Garantías que podrá ampliar el listado de servicios esenciales en función del impacto social de su interrupción. La norma retoma aspectos del DNU 70/2023, cuya aplicación fue frenada por la Justicia tras una presentación de la CGT, lo que anticipa un nuevo escenario de conflicto entre el Ejecutivo y las centrales sindicales.
