El reinicio de las negociaciones paritarias en Jujuy volvió a exponer las tensiones entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo continúa golpeando a los sectores de menores ingresos. Este lunes, el Ejecutivo formalizó la oferta de un bono de fin de año de $300.000 para quienes cobren menos de $1,4 millones y de $200.000 para quienes estén por debajo de ese segundo umbral, a pagarse en dos cuotas entre diciembre y enero. Aunque la medida busca amortiguar los efectos de la inflación, para los gremios representa apenas un alivio parcial.
Representantes de ADEP, entre ellos Mariela Chiri y Jorge Calizaya, confirmaron los montos ofrecidos y reiteraron el rechazo al aumento salarial del 4% en dos tramos, considerado “insuficiente” frente a los costos de vida actuales. La brecha entre las expectativas sindicales —que incluían un bono de $2 millones— y lo propuesto por el Ejecutivo refleja una distancia que no es solo económica, sino también social: la mayoría de los docentes y trabajadores estatales aseguran no poder cubrir gastos esenciales con los sueldos vigentes.
Desde el sector educativo destacan que, más allá del bono, el problema estructural continúa siendo la falta de una recomposición salarial sostenida. Aunque el Gobierno anunció incrementos en algunos códigos, como el de inclusión y el de reconocimiento al desarrollo de las infancias, ambos llevados a $40.000, la actualización sigue sin acompañar el aumento del alquiler, la canasta básica y los servicios. Los sindicatos advierten que esta situación profundiza la precariedad laboral y el desgaste emocional de una docencia que, además de salarios bajos, enfrenta aulas colapsadas y recursos insuficientes.
En este escenario, crece la preocupación por el impacto social de un posible conflicto prolongado. ADEP anticipó que, si no se avanza en una propuesta superadora, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026, un riesgo que afecta directamente a miles de familias jujeñas. La discusión salarial, lejos de ser un trámite administrativo, vuelve a poner sobre la mesa las desigualdades y la fragilidad económica que atraviesan a los trabajadores estatales, para quienes un bono extraordinario ya no compensa años de pérdida acumulada.
